Cerca de tres mil piezas arqueológicas y paleontológicas, decomisadas a particulares, fueron entregadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). El daño patrimonial provocado por su extracción fuera de contexto es irreparable.
El Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Óscar Acuña, destacó la aplicación de la Ley de Monumentos Nacionales que establece que dichos objetos son parte del patrimonio del país y no pueden ser atesorados por una sola persona. Agregó que ello es posible "gracias a un trabajo mancomunado con la Bidema y el Museo de Historia Natural, al que se suma la colaboración del Ministerio Público, el Servicio Nacional de Aduanas y los medios de comunicación".
De acuerdo a lo informado por el subcomisario de la Bridema, Richard Oliva, los objetos fueron incautados durante mayo en dos operaciones que comenzaron a prepararse a fines de 2009 tras detectarse su comercialización por internet. Primero se decomisaron 2622 piezas en Santiago centro y la comuna de Las Condes y luego se identificó a un particular al que se incautaron 310 piezas que estaban a la venta en locales de Vitacura y Providencia. Ambas diligencias policiales contaron con la asesoría de profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales.
David Rubilar, jefe del área de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, indicó que parte de las piezas paleontológicas halladas proceden de las formaciones Bahía Inglesa, en la Región de Atacama y Lo Valdés en la Región Metropolitana. De esta última destaca un amonites gran tamaño, el más grande detectado hasta la fecha proveniente de esta formación.
Por su parte, subdirector del Museo Histórico Natural, José Yánez, advirtió que "cuando se sacan estas piezas de un sitio y se descontextualizan, perdemos historia e identidad".
Según explicó Óscar Acuña, Secretario Ejecutivo del CMN, la extracción o tenencia ilegal de objetos arqueológicos o paleontológicos, puede ser sancionada con multas de 50 a 200 UTM o incluso con la privación de libertad, dependiendo de las características del delito.
