El 30 de diciembre del 2011, el Gobierno concretó la compra del Monumento Histórico Palacio Pereira, iniciando con ello el primer paso en la recuperación de este emblemático inmueble del centro de Santiago, que pasará a ser la nueva sede de la DIBAM y el CMN, principales instituciones que velan por el patrimonio del país.
Durante cerca de 30 años, parte de nuestra memoria cultural estuvo dormida al transitar por la esquina de las calles Huérfanos y San Martín, ya que el palacio que mandara a construir Luis Pereira Cotapos al arquitecto Lucien Hénault en 1872, permaneció en abandono desde 1981, mismo año en el que fue ratificado como Monumento Nacional (la declaratoria original es de 1974).
El caso del Monumento Histórico Palacio Pereira constituye el ejemplo más emblemático del conflicto que se ha producido históricamente en Chile entre la voluntad del Estado por proteger su patrimonio cultural, el derecho de propiedad sobre un bien privado y las deficiencias de una ley de monumentos extemporánea que hoy requiere una urgente revisión y actualización.
En patrimonio, este conflicto se traduce en un deterioro físico que erosiona directamente el espacio de la ciudad y, por lo tanto, incide negativamente sobre el bien común.
Hasta hoy, el manejo sobre este caso emblemático ha sido fiel reflejo de las deficiencias de nuestra legislación y por lo tanto muestra la peor cara de nuestra política patrimonial. Los proyectos que durante los últimos treinta años han intentado frenar el deterioro y recuperar el Palacio Pereira no hacen más que confirmar la mencionada precariedad estructural y dar cuenta de las escasas herramientas con que cuenta el Estado y los propietarios sobre el particular. Pese a que debe valorarse su esfuerzo, ninguna de dichas iniciativas logró reconocer los valores espaciales y tipológicos que hacen valioso este Monumento.
La decisión de recuperar este edificio emblemático por medio de un concurso público de arquitectura, previa compra del inmueble, se suma a la voluntad manifiesta del gobierno por modificar la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, la que busca hacer de este instrumento legal una herramienta efectiva para la conservación de nuestro patrimonio cultural. Asimismo, el que las principales instituciones que velan por el mismo, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Consejo de Monumentos Nacionales, aún no cuenten con una sede propia a la altura de sus desafíos (sus dependencias se distribuyen ineficientemente en 7 inmuebles), sella un contexto favorable que el Gobierno está asumiendo como un desafío que permite relevar el tema de nuestro patrimonio cultural con una nueva sede abierta a la ciudadanía, recuperando así no sólo el inmueble, sino también nuestra memoria cultural compartida.
